Presentación del libro:

Estado de siervos. Desnudando el Estado comunal

Autor: Héctor Silva Michelena, Ediciones del Rectorado, bid & Co., Caracas, 2014 

Humberto García Larralde

Debo agradecer, para empezar, que Héctor me haya pedido presentar su libro, Estado de siervos. Desnudando el Estado comunal. Representa un verdadero honor, por todo lo que ha significado para mi desde mi época de estudiante, en mi desempeño como economista, como universitario y como ciudadano angustiado por los graves problemas que hoy aquejan al país, la trayectoria de Héctor Silva Michelena. No es menester hacer mención aquí de la prolífica obra de Héctor como estudioso de los problemas del desarrollo venezolano, de sus aspectos económicos, sociales y políticos, o de sus incursiones en la poética y la crítica literaria y, todavía menos, del universitario cabal que siempre ha sido. Todo ello es ampliamente conocido por los presentes. Lo que deseo destacar ahora es que la pasión de Héctor Silva Michelena por conocer la realidad del país, despejar las telarañas que encubren la naturaleza de sus problemas y arrojar una provechosa luz para convocar nuestro compromiso con la libertad y la justicia, sigue hoy tan viva como cuando hacía sus aportes pioneros en descifrar las redes de dependencia que se interponían al desarrollo de nuestras naciones. Y esa pasión incansable dio lugar al libro que esta tarde nos congrega en las instalaciones de la APUCV, Estado de siervos. Desnudando el Estado comunal.

Como investigador acucioso que no deja piedra sin levantar, Silva Michelena inicia su libro examinando el tinglado de normas que sustentan legalmente la propuesta de Estado Comunal. Su diseño no obedece a un simple capricho improvisado de Chávez. Ya en su propuesta de cambio constitucional de 2007 se contemplaba el desmantelamiento de importantes aspectos del Estado de derecho sobre el cual se asentaba la democracia venezolana. A pesar de que esta propuesta fue derrotada, Chávez logró imponer por “decretos-leyes” buena parte de la misma, en violación de la voluntad popular expresada ese diciembre y de lo dispuesto en la propia Constitución, gracias a una ley habilitante concedida por la aplastante mayoría que disfrutaba en la Asamblea Nacional. La propia Asamblea aprobó en 2009, asimismo, la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, la Ley Orgánica de las Comunas y una Ley Orgánica de Poder Popular,para avanzar hacia esos mismos propósitos. En 2012, el presidente Chávez por decreto “con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica”, sanciona la Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y Otras Atribuciones, que regula la transferencia a las comunas, comunidades organizadas y demás instancias de agregación comunal, las tareas concernientes a salud, educación, vivienda, deporte, cultura, programas sociales, ambiente y demás prerrogativas de gobernaciones y alcaldías.

Tanto en el proyecto de cambio constitucional, como en las leyes comentadas, los Consejos Comunales aparecen como órganos de un Poder Popular cuya agregación da lugar a Comunas, las cuales podrían integrar, a su vez, Ciudades Comunales. La intención es desplazar progresivamente a las alcaldías y gobernaciones por instancias de un poder paralelo que, según el artículo 136 del proyecto de cambio constitucional rechazado, “no nace del sufragio ni de elección alguna, sino de la condición de los grupos humanos organizados como base de la población”. Como confesara Aristóbulo Istúriz en ocasión de las elecciones a gobernadores y Alcaldes a finales de 2012, citado por Héctor en el libro:

“Lo que el Presidente ha propuesto es sustituir el Estado Capitalista burgués por el Estado comunal, con las Comunas, que es el pueblo organizado. Por eso yo he dicho que los mejores gobernadores serán los que primero desbaraten las gobernaciones. Los mejores alcaldes serán los que primero desbaraten las alcaldías y las desmontemos sin miedo, en las Comunas”. (Pág. 195).

No en balde, el Plan de la Patria, que pretendidamente orienta la estrategia de gobierno para el presente período 2013-2019, está cundido de referencias a los Consejos Comunales, a la Comuna y al Poder Comunal. Entre sus metas está la conformación de 3.000 Comunas Socialistas para 2019, que agruparían unos 39.000 Consejos Comunales, congregando un 68% de la población del país[1]. A pesar de que pueda considerarse quimérica e inviable esta meta, ya los gérmenes del Estado Comunal empiezan a condicionar aspectos de la vida ciudadana. Informa Héctor en su libro que para ser beneficiario de la Gran Misión Vivienda Venezuela o, como agricultor, acceder a los insumos en una “agrotienda” de AgroPatria, es menester una carta de recomendación del Consejo Comunal respectivo. (Pág. 200)

“Entre los principales principios y normas violentadas de la Constitución” de esta propuesta –nos advierte el autor- se encuentran:

1)       La igualdad y no discriminación en el goce universal de los derechos humanos,

2)       El carácter intransferible e indelegable de la soberanía popular;

3)       El ejercicio individual y colectivo de los derechos de libre asociación, participación y expresión … que entiende la crítica, el debate y la pluralidad como un riesgo de quebrantamiento de la unidad del Estado y la sociedad y un peligro para su soberanía y seguridad;

4)       Los principios de independencia, autonomía y legalidad que deben regir el comportamiento de los poderes públicos.

… La libertad de elección, la alternabilidad y la descentralización del Poder Público no tienen cabida en este modelo.”

Héctor Silva Michelena abreva en los trabajos del economista húngaro Janos Kornai para profundizar su estudio. El análisis de este autor, agudo observador de la realidad de los países del este europeo bajo dominio soviético, permite entender que la propuesta de Estado Comunal no se inserta dentro de un idealizado “Socialismo del Siglo XXI”, sino que es expresión de las formas más “rancias” del clásico “Socialismo realmente existente” –el estalinista, el del siglo XX. La escasez y el racionamiento son consustanciales a esa experiencia, según el autor consultado, parte de lo que llama su “constitución genética”, como lo es también la liquidación del pensamiento crítico, la intolerancia de la libertad de expresión y la represión. Para Kornai, toda forma de propiedad social que no se entrelace por mecanismos de mercado, requiere de una coordinación burocrática centralizada, fundamento del poder despótico del Estado. Desde luego, ello mata la creatividad y sofoca los procesos innovadores que están en la base del progreso económico y social de hoy. En fin, como nos lo recuerda Silva Michelena, el Capitalismo de Estado -que resume esas experiencias fracasadas-, “no es una asignación eficiente de los recursos económicos, sino … una forma de maximizar el control político sobre la sociedad y la economía”. (Pág. 310)

Gracias a su profundo dominio de los escritos de Marx, Silva Michelena va desbrozando pacientemente la impostura chavista de pretender arroparse con el viejo alemán para fundar su propuesta de Estado Comunal. La mitificación de la comuna desde una perspectiva revolucionaria se remonta a los sucesos de la Comuna de Paris en 1871. Héctor se adentra en esa experiencia, citando incluso La Guerra Civil en Francia del propio Marx, quien veía en ella una auténtica transformación revolucionaria. Pero en su visión, la comuna, como expresión del poder autónomo del pueblo organizado, debía apuntar hacia la destrucción del Estado, cosa muy distinta a la pretensión de constituir con ella un Estado Comunal, como queda plasmado en las leyes de “poder popular” examinadas.  

Para ilustrar mejor lo que está en juego, Silva Michelena sintetiza admirablemente las características de un gobierno comunal, usando el ejemplo de la Revolución Americana. Fundamentándose en los escritos de Tocqueville, señala que las colonias de Nueva Inglaterra que se sublevaron contra el monarca británico ya representaban un poder local; éste no fue recibido o entregado por aquél, sino construido por sus participantes, quienes desistieron de continuar formando parte de la corona; “Las comunas no est(ab)an sujetas en general al Estado…” (Pág. 88). Cuando los Padres Fundadores de la nueva nación se plantean el desafío de constituir un Estado Federal, lo hacen con mucho celo, preocupados por cómo mantener un equilibrio sano entre el poder comunal, de base, y el del gobierno central.

En contraste, como señala acuciosamente nuestro autor, la propuesta comunal de la Revolución Bolivariana en absoluto se refiere a formas espontáneas y autónomas de organización popular como las citadas. Su existencia legal, en el caso “bolivariano”, está sujeta a la validación de su registro en el ministerio correspondiente y su puesta en operación se rige por una detallada normativa que regula su constitución, organización, propósitos y actividades. Con respecto a lo económico, sus instancias son normadas como espacios para la construcción del socialismo, es decir, como instrumentos de la política del actual gobierno, y de ello depende su entidad legal, como los recursos con los cuales funcionar. En efecto, su financiamiento proviene del Estado, que impone su subordinación a, e integración con, la “construcción del socialismo”. Sus actividades son concebidas dentro de un ordenamiento territorial bajo una autoridad jerarquizada, controlada directamente por la Presidencia de la República. Es decir, estas organizaciones carecen totalmente de flexibilidad y son vaciadas de toda potencialidad creativa por una normativa rígida que aplasta la versatilidad. Sobre las comunas y los consejos comunales se pretende un control vertical, sujeto a dictámenes políticos con base en financiamientos condicionados por la afinidad ideológica, y un entramado de normas y autorizaciones que le dan piso legal.

En fin, las estructuras del Estado Comunal fueron diseñadas para prescindir de toda intermediación autónoma entre el presidente Chávez y su “pueblo”, entendiendo a éste como formado por aquellos que le profesan lealtad hacia él y a su proyecto político. Persiguen “aplanar” las instituciones con el fin de eliminar todo poder independiente que admita la prosecución de intereses distintos a los que profesa el Caudillo. Por tal razón, la propuesta de Estado Comunal es reminiscente del Estado Corporativo fascista, que cooptó a las organizaciones sociales para subordinarlas al Poder Central y ponerlas al servicio de la construcción del Nuevo Orden, de donde surgiría el mítico Hombre Nuevo de todo proyecto totalitario, siempre bajo una fuerte tutela de los órganos centrales del Estado.

“En síntesis –nos señala Héctor- el propósito es avanzar hacia un modelo en el que las comunidades y grupos de acción social comunitaria, consejos comunales, comunas y otras formas superiores de agregación sean subsumidas por el Estado, y hacer desaparecer las fronteras entre éste y la sociedad. En una palabra, desaparece la sociedad civil, con todos sus fines, conflictos y consensos.”  (Pág. 50)

En su análisis, queda claro que todo el tinglado comunal no obedece a expresión alguna de Poder Popular, como quiere hacernos creer la retórica oficialista. Para ser auténtico, el Poder Popular tiene que ser, por esencia, originario, autónomo e independiente: no puede formar parte de ningún Estado. Su razón de ser es representar la voluntad de sus asociados frente a los poderes públicos, con la autonomía de acción necesaria para luchar para hacer avanzar los intereses colectivos representados. Si se pone al servicio de una parcela política pierde su razón de ser, se traiciona a sí mismo. El pueblo ejercita su soberanía a través de los órganos de representación con que se dota –sindicatos, asambleas de vecino, consejos comunales, asociaciones gremiales- para disputarle poder a los intereses burocráticos del Estado. En tal sentido, un poder comunal genuino sería expresión de aquello que llaman ahora Capital Social, basado en la asociatividad, la confianza mutua y la interdependencia entre sus integrantes para proseguir propósitos comunes.

En tal sentido, cabe recoger -como lo hace Héctor en el libro-, la naturaleza local que asume muchas veces la competitividad en el mundo de hoy, sintetizado en el neologismo “glocalización”. Se trata de un desarrollo local, basado en la comunidad de intereses entre empresas, trabajadores, colectividades, servicios y autoridades locales, que desata una rica interacción que fortalece las capacidades innovativas de los entes involucrados y permite incrementos sostenidos de la competitividad ante mercados globalizados. Así mejoran los niveles de vida de la población. Paradójicamente, este camino ha sido denominado por analistas como el catedrático español, Antonio Vásquez Barquero, como uno de “desarrollo endógeno”.

Pero la propuesta de Estado Comunal chavista no se asemeja en nada a ello. Se inscribe dentro de una concepción económica que desconecta el usufructo de la riqueza social de condicionamientos basados en la productividad, la premiación del logro o en la ética del trabajo. Un problema central que presenta, por ende, es el de los incentivos a la producción, distribución y comercialización eficiente de bienes y servicios, sin los cuales es difícil pensar que una economía comunal pudiese desplazar la iniciativa privada, a menos que fuese por la fuerza. Todas las decisiones del esquema comunal están sujetas al visto bueno de funcionarios motivados por consideraciones políticas y/o burocráticas, que controlan el financiamiento según pautas que desprecian los criterios de rentabilidad, y que condicionan el funcionamiento de muchas de las empresas de producción social a la “construcción del socialismo” u a otros imperativos que nada o poco tienen que ver con la eficiencia económica. En ausencia de incentivos que promuevan la productividad, los componentes de la economía comunal pasan a caracterizarse, en el balance, como entes de consumo: insumen o consumen más recursos de lo que producen. Observa Silva Michelena que lo anterior supone que:

“Las empresas sociales no quebrarán nunca, ni trabajarán con pérdidas permanentes porque el Estado las rescatará a través de un sistema de recuperación mediante  … subsidios y compras”.

Pero además, se concibe que las Comunas o Ciudades Comunales emitan su propia moneda o establezcan el intercambio entre sus miembros a través del trueque. Puede preverse, por ende, una dinámica de aislamiento progresivo entre comunidades, que requeriría del Estado central la fijación de una tasa de cambio que permitiese mercadear bienes y servicios entre sí. “En conclusión –afirma nuestro autor- desde un punto de vista de izquierda, se trata de una ley para fragmentar el trabajo social a favor de un mayor control del Estado central”. Y, al no estar obligados a generar excedentes, “se convierten en fundamento de un clientelismo político para chupar renta petrolera a cambio de adhesión política al jefe máximo del poder popular”. (Pág. 182).

¿Qué cantidad de financiamiento externo –renta petrolera- hará falta para convertir estos esquemas en la modalidad predominante de actividad económica? ¿Qué significarían estos montos en términos de proyectos económicos y sociales sacrificados, de lo que los economistas llamamos Costo de Oportunidad?

Hoy Venezuela se enfrenta a las consecuencias de una manejo desastroso de la economía, basado en la hiper regulación del Estado, el acoso al sector privado y la suspensión de las garantías contempladas en la Constitución, bajo la pretensión de que la repartición de la renta petrolera –la mayor que ha captado el país en toda su historia- pudiese suplir la demolición de las capacidades productivas y proveer los niveles de bienestar que espera la población. Pero no alcanza. Ante la inflación más alta del mundo, el desabastecimiento, la pérdida de empleos productivos y el deterioro de los servicios -y, con ello, de la calidad de vida de los venezolanos-, no hay respuesta por parte del gobierno. En vez de rectificar, se refugia en la excusa –hay que decirlo con toda claridad, estupidísima- de que tanta calamidad se debe a una “guerra económica” de la “derecha”. Buscando alguna legitimidad entre los suyos, Maduro prefiere guarecerse en una retórica de consignas huecas antes que tomar decisiones –inevitables- con un alto costo para su gestión.

En tales condiciones, el sector más radical e ideologizado del chavismo podría insistir en avanzar hacia la implantación del Estado Comunal. A estas alturas, debe quedar claro que ello no tiene viabilidad económica alguna, si se examina desde un punto de vista racional. Pero la economía comunal como fundamento del Socialismo del Siglo XXI es ideología pura. Supondría drásticos controles y la consecuente supresión de libertades requerida para que un sistema de tal naturaleza funcionase, propios de las fracasadas experiencias del “socialismo realmente existente” del siglo pasado, con la destrucción de las instituciones que resguardan los derechos de propiedad, procesales e individuales, base de la economía mercantil y de la libertad individual. Recordemos la terrible experiencia de las comunas de Mao o de Pol Pot en Cambodia. Tal ensayo en Venezuela forzosamente tendría que apelar a medios represivos para su implantación, instaurando la funesta experiencia de los libretos de racionamiento con los que sobrevive dolorosamente la población cubana, en este caso, tecnificados a través de “captahuellas”.

La imposibilidad de sostener un nivel de consumo acorde con las expectativas de superación de la población lleva a la prédica del Hombre Nuevo, como pretendida superación de la cultura consumista del capitalismo. La penuria compartida pasaría a considerarse una virtud del Nuevo Orden a imponer: “ser rico es malo”, decía el Caudillo. Bajo el argumento de que el enriquecimiento de algunos sería siempre a expensas de otros, lo anterior se convierte en moralmente reprobable. Y en una economía cuyo producto no crece o se encoge, gracias a las políticas destructivas de del gobierno Bolivariano, lo señalado sería cierto, transformándose la denuncia de las injusticias del capitalismo en una profecía autocumplida. ¡Qué importan los altos costos que acarrearía para el bienestar o por la pérdida de garantías de un Estado de Derecho!  La demolición de instituciones y el acorralamiento progresivo de la iniciativa privada en aras de implantar un Estado Comunal cobraría sentido, en la mente de estos fundamentalistas, en su contribución por hacer realidad las virtudes de tan austero igualitarismo. La pretensión de imponer este “lecho de Procusto” conducirá inexorablemente a un régimen abiertamente totalitario.

Suena inverosímil, improbable y totalmente inviable  desde una perspectiva racional. En lo personal, dudo de que pudiera avanzar en algún grado, por la férrea resistencia de gruesos sectores de la población, muchos de ellos chavistas. No obstante, esta salvaguardia nos remite al plano de lo político y, en particular, a cómo contribuir con la toma de conciencia sobre las graves consecuencias que acarrearía esta propuesta. El mejor punto de partida para entender lo que está en juego lo constituye esta estupenda obra de Héctor Silva Michelena, Estado de siervos. Desnudando el Estado comunal.

Humberto García Larralde, Auditorio Enrique Vásquez Fermín, APUCV, 25/09/2014.