domingo, 1 de noviembre de 2015


Los ciudadanos contra el Estado


 María Eugenia Cisneros Araujo
 
 

Fotografía de Mischa Gordon
 

 

 

¿Quién puede estar sereno en un país cuando ambos, gobernantes y gobernados carecen de principios?

 

“La esclavitud en Massachusetts”

Henry D. Thoreau

 

 

En el presente ensayo se mostrará que la desobediencia civil hace visible la oposición de los ciudadanos contra el Estado. Se indagará sobre la naturaleza de la conformación del poder político para evidenciar que el conflicto entre el opresor y los que se niegan a ser sometidos se encuentra en la misma raíz de su organización y estructura como Institución.

La desobediencia civil patentiza, por una parte, la defensa de la libertad de los débiles, por la otra, el uso de la violencia por los fuertes. En palabras de Maquiavelo: “…se encuentran estos dos tipos de humores: por un lado, el pueblo no desea ser dominado ni oprimido por los grandes y por otro los grandes desean dominar y oprimir al pueblo…”[1]. De las palabras de Maquiavelo, me interesa rescatar esa inclinación presente en los individuos que quieren dominar y oprimir; y de aquellos que no desean ser dominados ni oprimidos.  Cuando se hace presente la desobediencia civil se pone de manifiesto la lucha entre el poder y la libertad, la oposición de los débiles a la subordinación contra los fuertes que buscan subyugarlos. En palabras de Carolina Guerrero:

…la defensa y reafirmación de la libertad partía de la delimitación del área de lo público y lo privado; por tanto, suponía del mismo modo el resguardo de lo privado frente a lo público, entendiendo que “lo público” era el espacio de residencia del poder del Estado. De acuerdo con el pensamiento liberal, esa esfera de lo público posee la tendencia perpetua de pretender invadir lo privado, dado que es propensa a desbordar sus límites en detrimento de la latitud de las libertades del individuo y del ciudadano, en tanto la esencia de la libertad coloca su acento en la ausencia de sujeción, interferencia, dependencia (y ausencia de dominación) ante la voluntad arbitraria de uno o muchos individuos...[2]

 

La aparición de este conflicto, hace que nuevamente se reflexione sobre la naturaleza del poder y cómo la organización social lo estructura como institución[3].

El poder se institucionaliza en forma de Estado y se caracteriza por una relación social que se expresa en orden y obediencia. Desde este punto de vista, la naturaleza del poder político es social[4], consiste en una relación de coerción y coacción legítima por parte del Estado. De esta manera, el poder contiene los siguientes aspectos: coerción, coacción, violencia, subordinación jerárquica, relación orden-obediencia. “…Nuestra cultura, desde sus orígenes, conceptúa el poder político en término de relaciones jerarquizadas y autoritarias de orden-obediencia…”[5]. En cambio, la libertad es pasión, imaginación, acción, conciencia, autonomía, imaginario.

Lo que mantiene al poder político es la obediencia. Por consiguiente, la conservación del poder político depende de la obediencia. Se tiene así una institución donde el grupo social se somete voluntariamente a un Estado que como señalara Weber se reserva el monopolio legítimo de la fuerza. Desde su establecimiento, se instaura una relación jerárquica legítima donde el Estado-poder está arriba y los individuos-y la sociedad están abajo.

En la constitución del poder político como institución social se legitima a la coerción y a la coacción. Lo que quiere decir, que lo que está por encima de la sociedad es el uso de la fuerza o la violencia legítima por parte del Estado[6].Desde la institución del poder político la estructura de la sociedad está dividida entre dominantes y dominados, entre los que se reservan el ejercicio legítimo de la fuerza y los sometidos a esa violencia. Del origen del Estado se derivan dos partes: los que mandan y los que obedecen.

La relación poder y libertad desde su inicio es sumamente frágil porque los que dominan tienen una inclinación natural a querer ejercer el poder sin ningún tipo de control[7], y la aparición del deseo de vivir en libertad es una manifestación contundente de poner límites al poder.

La obediencia legitima la división entre dominantes y dominados, toda vez que la fuente del poder político recae sobre este ámbito. Por consiguiente, cuando el poder busca actuar al margen de las leyes, entonces, busca por cualquier medio (fuerza, violencia, represión) mantener la lealtad de los sometidos. En este contexto, la obediencia se caracteriza por mantener el poder político, conservar la estructura jerárquica y de subordinación, legitimar la coerción. La desobediencia civil aparece como el medio creativo de resistencia para poner límites nuevamente al poder coercitivo-coactivo del Estado y rescatar la libertad. Así se tiene por un lado, el poder, obediencia-orden y por el otro, libertad, desobediencia, creatividad.

La cuestión radica en la defensa de la libertad ante la coacción-coerción arbitraria del poder político, esto es lo que moviliza a la sociedad (individuos-grupo) contra los actos ilegales, ilegítimos e injustos del Estado. En este enfrentamiento, los individuos y el grupo constituyen la parte débil porque luchan con su imaginación contra la fuerza (armas, violencia, represión) del Estado. Cada vez que el poder político en su ejercicio, al margen de la ley, restrinja la libertad estará actuando despóticamente. Todo poder político arbitrario[8] aniquila la libertad.

…¿en qué consiste esencialmente la esclavitud? Dirán todos: en la posesión de un hombre por otro. No obstante, para que no sea simplemente nominal esta posesión, es indispensable que se cohíba la actividad del esclavo, coacción ejercida casi siempre en provecho del dueño. Por consiguiente, lo que caracteriza fundamentalmente al esclavo es el hecho de trabajar por mandato y bajo la presión de la voluntad de otro, cuyos deseos está obligado a satisfacer […] el hombre, tratado como una bestia, debe consagrar todos sus esfuerzos al beneficio de su amo…[9]

 

Las anteriores palabras de Spencer llevadas al ámbito del Estado arbitrario significan lo siguiente: el poder político, mediante el uso ilegal de la fuerza, reprime a los individuos y a la sociedad para que todas sus actividades estén destinadas a favorecer al líder autoritario. El apoyo de la sociedad se obtiene por la vía de la violencia. Decía Tolstoi:

…El hombre sumiso al poder actúa no como quiere, sino como se le obliga; y es solamente a través de la violencia física, es decir, de la prisión, de la tortura, de la mutilación, o de la amenaza de estos castigos, que se puede forzar al hombre a hacer aquello que no quiere. En esto consiste y siempre consistió el poder […] La base del poder es la violencia física; y la posibilidad de someter a los hombres a una violencia física se debe sobre todo a individuos mal organizados, de modo que actúan de acuerdo, aunque sometiéndose a una sola voluntad. Y, unidos, individuos armados que obedecen a una única voluntad forman el ejército. El poder se encuentra siempre en las manos de los que comandan el ejército, y siempre todos los poseedores del poder –desde los césares romanos hasta los emperadores rusos y alemanes- se preocupan del ejército más que de cualquier otra cosa, y solamente a él halaga, sabiendo que, si él está a su lado, su poder está asegurado[10]

 

En esta situación extrema aparece la desobediencia civil como un arma pacífica y activa para oponerse a la represión. Siendo que es la obediencia de los individuos y de varios grupos los que le dan vida al poder, una vez que decidan dejar de ayudar y ser leales al poder político éste caerá. “Prívese al mecanismo político de todos los auxilios que le han facilitado las artes y las ciencias; no se dejen al Estado más recursos que los inventos de los funcionarios, y quedará bien pronto interrumpida la marcha del gobierno”[11]. La desobediencia civil consiste en la no colaboración, el no-apoyo, no-cooperación en el mantenimiento del poder político arbitrario: “…cuando se comience a ver claro que en una nación donde gobierna el pueblo, el poder es sólo un administrador, se verá también indudablemente que este administrador carece de toda autoridad propia, habiendo recibido la que tiene de los que le nombran, que pueden limitarla como crean conveniente”[12].

Para invertir la subordinación de dominantes sobre los dominados a los poderosos sometidos por los subordinados se requiere que los individuos den el paso de transformar su libertad como condición humana en política. Este acto pacífico e imaginativo consiste en desobedecer, esto es, retirar el apoyo al poder político. En ese momento, la libertad doma al poder, lo limita, lo controla, lo encauza y lo socializa nuevamente. De ser un Estado en contra de la sociedad, ahora se convertirá en un Estado al servicio de la sociedad.

Ahora bien, lo que pone en evidencia la desobediencia civil es el enfrentamiento de los débiles contra los fuertes, esto se traduce en que los débiles se aferran a su pasión por la libertad, pero los fuertes hacen uso de la fuerza, las armas, la opresión para doblegar a los débiles. Es decir, se obliga a que los débiles busquen formas de defensa como organizarse, buscar alianzas. En la obra de Esquilo Las Suplicantes[13], se observa esta situación. La pieza trata de la huida que emprenden Dánao y sus cincuenta hijas de Egipto para Argos. Las hijas rechazan el matrimonio con sus primos hermanos, a la cual están obligadas. El Rey Pelasgo, después de consultar con su pueblo decide darles asilo y defenderlas de los hijos de Egipto, así tengan que iniciar una guerra. Cuando los hijos de Egipto llegan a Argos quieren apoderarse por la fuerza de las hijas de Dánao (Las suplicantes), quienes son defendidas por el Rey Pelasgo. El diálogo que se presenta entre el heraldo egipcio que llega a Argos y las suplicantes es el siguiente:

Heraldo: ¡Corriendo, corriendo a las naves! ¡Pronto!

Coro: ¡Bien, aquí nos tenéis! ¡Heridnos el rostro; maltratadnos; cortadnos la cabeza; derramad nuestra sangre toda!

Heraldo: ¡Corre, infeliz corre a la nave! Ven conmigo por el dilatado espacio donde se agitan las saladas ondas. Cede por fin al deseo de tu señor y al poder de su férrea lanza. Bañada en sangre te arrojaré en la nave. Allí tendida en el fondo, podrás gritar cuanto quieras. Ceda mal que te pese tu obstinada locura. ¡Lo mando!

Coro: ¡Ay, ay de mí!

[…]

Heraldo: Que quieras que no, a la nave irás; a la nave, y pronto. Sucumbirás a la fuerza; a la fuerza de tu señor, que es poderosa; y después de haber recibido miles de ultrajes de sus manos crueles, tendrás que sufrir su lecho.

Coro: ¡Ay, ay! ¡Ojalá hubieses perecido miserablemente al cruzar la movible selva de los mares, arrojado por deshecha borrasca contra el arenoso promontorio de Sarpedón!

Heraldo: Grita, vocifera, llama a los dioses. No escaparás a la nave egipcia. Grita, clama; puedes quejarte de tu miseria con más amargura todavía […] Si no venís a la nave, si no me obedecéis, no me detengo ante vuestros vestidos y los hago jiras[14].

 

De la lectura de la anterior cita se puede decir, que la desobediencia civil visibiliza ante los individuos y la sociedad que el poder político es ilegal, ilegítimo e injusto; su fuente fundamental se secó, perdió el apoyo de la mayoría. Por esta razón, debe imponer, por la fuerza la violencia, la represión y la obediencia. Claramente el heraldo egipcio le dice a las suplicantes cede a tu señor que tiene el poder de las armas, mediante la fuerza te doblegaré y bajo amenaza de muerte te llevaré de regreso a Egipto. La desobediencia civil que evoca la libertad y la imaginación se opone a la fuerza que concentra el poder y la dominación.

En el enfrentamiento de la libertad contra el poder puede suceder que los débiles consigan logros y limiten la desmesura de la arbitrariedad del mandato. Un ejemplo está presente en el hecho histórico de la Carta Magna que otorgó el rey de Inglaterra Juan sin Tierra a los nobles ingleses el 15 de junio de 1215[15]. En esa carta el rey se comprometió a respetar los derechos de los nobles y aceptar que ellos fuesen juzgados por sus iguales en materia de confiscación de bienes, prisión y disposición de su vida. Valga esta cita in extenso

Por los siglos XII -XIII estaba regido por la sociedad feudal los barones del rey tenían sus tierras “feudos” (del latín “feudum”). Contrato por el cual los soberanos y los grandes señores concedían en la edad media tierras o rentas en usufructo, otorgándose quien las reciba a guardar fidelidad, prestarle servicio militar y acudir a las asambleas políticas y judiciales que el señor convocaba, por un juramento de lealtad y obediencia, y con la obligación de proporcionarle un número fijo de caballeros siempre que éstos se requieran para el servicio en el ejército.

Esta obligación tenía una reciprocidad, la del rey de proteger a sus barones pero éste se degeneró no fue un problema que creó Juan sin tierra sino que le era propio al sistema, hubo cambios como la conmutación de la obligación en vez de servir como caballero se pagaba en dinero (éste se destinaba al pago del ejército). También en tiempos de emergencia y en ocasiones especiales como el matrimonio de su hija mayor él podía exigir de ellos una leva financiera conocido como un “aid”( el auxilium)

En caso de que muriese un barón, el Rey podría exigir un deber de sucesión o “relief” el relevium, si no había ningún heredero, o si la sucesión fuera disputada, las tierras del barón podrían comisarse o “Escheated”' a la Corona.

Si el heredero era menor de edad, el rey podría asumir la curatela de las propiedades, y disfrutar todas las ganancias hasta que el heredero fuese mayor de edad.

El rey tenía el derecho, si quisiera, de vender al mejor postor tal curatela. Podía, inclusive, vender al heredero mismo en matrimonio, por el valor de las propiedades del heredero.

La extorsión y abuso en este sistema, si no fue aplicado benignamente, era evidente y había sido asunto de queja mucho antes que el Rey Juan subiera al trono.

Su impopularidad aumentó internamente no solo frente a los barones, sino frente al pueblo raso, por su política fiscal.

Los impuestos altísimos y las represalias contra los que no pagaban eran crueles, y la administración de justicia de Juan se volvió considerablemente arbitraria.

En enero de 1215 tras una considerable discusión un grupo de barones exigió una carta de libertades como un resguardo contra la conducta abusiva del Rey. Los barones redactaron un documento (Artículos de los Barones) que enviaron al monarca para que lo sancionara con el sello real. Cuando Juan rehusó hacerlo, los nobles se negaron a mantener su fidelidad, se levantaron en armas contra Juan y marcharon a Londres. Asaltaron y tomaron la ciudad en mayo del 1215.

El Rey, comprendiendo que debía llegar a un acuerdo se encontró con sus contrincantes en Runnymede—prado del Río Támesis— el 10 de junio y se reunieron el 15 de junio para negociar. El 19 de junio los barones renovaron sus juramentos de obediencia al Rey[16]

 

Este acontecimiento es fundamental, muestra que la obediencia de los nobles mantiene el poder del rey. Cuando los barones deciden no continuar apoyando las políticas arbitrarias del rey en contra de sus derechos y libertad, entonces el monarca se da cuenta que tiene que transigir, no le queda otra alternativa si quiere seguir gozando de su mandato. Los nobles limitan el poder del rey mediante una carta, un documento escrito donde el rey acepta la restricción a su potestad y se compromete a respetar los derechos de los nobles en el ámbito comercial, de propiedad. Se establece que las diferencias serán solventadas por un tribunal que debe garantizar la justicia. El rey ya no podrá elegir a los dignatarios de la iglesia ni imponer impuestos arbitrariamente. Se impone el poder de la ley porque el rey no puede usar la fuerza contra algún súbdito. El comportamiento de los nobles estará regulado por la ley del reino y por la sentencia judicial que dicten sus pares. Ante la arbitrariedad del poder se impone la ley, la libertad y la justicia para impedir que los abusos continúen.

También hay situaciones en que la represión es tan sanguinaria que el tirano se mantiene en el poder, y tiempo después actúa el derecho. Es el caso del General Efraín Ríos Montt, golpista, que gobernó en Guatemala desde marzo de 1982 hasta agosto de 1983.Montt enfrenta un juicio en su contra por genocidio, en el tiempo de su mandato en los años de 1982-1983, hizo un uso ilimitado de la fuerza al dirigir ataques directos contra la población civil. Es decir, el Ejército bajo sus órdenes cometió masacres contra la población civil desarmada. A continuación algunos testimonios de lo sucedido en esa época:

Mi padre tenía 82 años en el momento de ser asesinado. Lo encontré tirado en una casa vecina. “Su cuerpo estaba cubierto de sangre”, contó Diego Velázquez, quien a preguntas de la juez precisó que el asesinato ocurrió el 20 de julio de 1982. No pudo precisar si había sido víctima de las balas de los soldados, o había muerto a machetazos. “Solo recuerdo que estaba cubierto de sangre”, dijo a través de un intérprete.

Juan López Mateo, sobreviviente de una matanza en una aldea de Nebaj (departamento de Quiché, al norte del país), perdió a su familia el 2 de septiembre de 1982. Salvó la vida porque había salido muy temprano a trabajar la milpa (sembradío de maíz). “Cuando volvía a la aldea escuché el llanto de un niño pequeño, lo que me alertó de que algo malo estaba ocurriendo”, narró. Conforme se acercaba al poblado, “escuché disparos. Eran como las diez de la mañana”, dijo. Logró llegar a su vivienda a eso de las tres de la tarde, cuando los soldados ya se habían marchado. “En mi casa encontré los cadáveres de mi mujer y de mis hijos, de cinco y dos años”, contó con la voz entrecortada. Preguntado por si había visto a más personas asesinadas, se limitó a responder que “eran muchas”, pero que después de 31 años no podía arriesgar una cifra. Sí recordó que uno de sus niños había sido asfixiado con un lazo y el otro tenía la cabeza destrozada a golpes. Los soldados también quemaron la casa y destruyeron todos sus bienes. “Fue el Ejército”, expresó sin sombra de duda.

Otro de los testimonios, Pedro Álvarez Brito, contó ante el tribunal que los militares asesinaron a toda su familia. “El Ejército rodeó la casa”. Su hermana, “recién parida con el bebé”, otro de sus hermanos pequeños y él mismo lograron refugiarse en un temascal (baño maya de vapor), desde donde vieron cómo la totalidad de los habitantes de la aldea fueron introducidos, a la fuerza, en una casa.

“Uno de los soldados”, añadió, “empezó a apropiarse de las gallinas y pollos de la familia” dueña de la casa. Recuerda que las aves eran 60, el mayor patrimonio doméstico. “Por mala suerte, una de las gallinas, que no se dejaba capturar, se metió en el temascal”, lo que hizo que él y sus hermanos fueran descubiertos y conducidos, también a la fuerza, a la vivienda. “Luego quemaron la casa”, contó Brito. El relato de otros supervivientes abundó en esa imagen: que los soldados rociaron de gasolina las viviendas y les prendieron fuego para quemar a la gente viva.

“No sé cómo lo hice, pero logré escapar entre las llamas y me refugié bajo un árbol. Así estuve, escondido como un animal acorralado, por ocho días, sin comer ni beber. Desnudo y sin abrigo”. Como los militares habían asesinado a sus padres y sus hermanos mayores, quedó solo. “Ahora solo pido justicia, para que mis hijos no sufran una experiencia semejante”, concluyó.

Particularmente crueles resultaron los testimonios acerca de ataques perpetrados desde helicópteros. “Disparaban contra todo lo que se movía. Así murieron indiscriminadamente niños, mujeres y ancianos”, narró una mujer septuagenaria.

En Villa Hortensia de San Juan Cotzal (Quiché), “el 10 de septiembre de 1982 ingresaron los militares. Se llevaron a todos los pobladores y quemaron las casas. Mi padre, Nicolás Gómez, fue de los que murieron ese día”, relató Inés Gómez. En la misma incursión, el Ejército mató a toda la familia de otro de los supervivientes: “Cuando llegué a mi casa, encontré a mis suegros y a mis tres hijos muertos. También mataron las cuatro vacas que tenía”.

Pedro Meléndez tenía diez años en 1982, cuando presenció el asesinato de su padre y tío. “Mi papá —dijo en el tribunal— murió baleado. A mi tío le cortaron el cuello con un machete”. El drama no terminó entonces. Los sobrevivientes buscaron refugio en las montañas, donde vio morir de hambre a sus hermanos, de cinco, tres y un año de edad.

Las denuncias se repiten y todas coinciden en describir un mismo patrón en el ataque. Solo cambian el lugar y la fecha. “Creo que el Ejército, que nos vigilaba, aprovechaba que los hombres salíamos a nuestras labores agrícolas para entrar a la aldea, violar y matar a las mujeres”, dijo Juan López Matón, quien puntualizó que muchos de quienes lograron refugiarse en las montañas murieron de hambre, “pues los soldados quemaban las cosechas[17]

 

Efraín Ríos Montt se encuentra ante la ley y la justicia para asumir las consecuencias de sus actuaciones criminales. A continuación el caso de este dictador:

 

“El general guatemalteco no tiene escapatoria jurídica, ya que el Derecho Internacional impone al jefe militar la obligación ineludible de impedir, denunciar o sancionar las acciones criminales de sus subordinados

Finalmente ocurre lo que durante décadas pareció imposible en un país como Guatemala. Uno de los máximos criminales latinoamericanos —el general Efraín Ríos Montt, cuyas sanguinarias actuaciones le valieron el apelativo de Ríos de Sangre Montt— se sienta finalmente ante sus jueces, aunque todavía goza del escandaloso privilegio del arresto domiciliario. Y aunque todavía las presiones y las amenazas forman parte del precio a pagar por el intento de hacer justicia en aquella sociedad, una de las más desiguales, injustas y desgarradas de América.

Sin embargo, dentro de esa sociedad todavía atemorizada existen algunos jueces y juezas, fiscales, abogados y testigos, capaces de afrontar juicios como éste, a pesar de esas amenazas y esas presiones que invariablemente pesan sobre ellos. Esto ha permitido conseguir ya algunas sentencias de gran importancia y significación. Pero esta es la primera vez que se consigue sentar en el banquillo a un hombre que lo fue todo en Guatemala: presidente de una junta militar golpista, presidente de la República, y como tal, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, después presidente del Congreso, líder de una potente secta religiosa, la llamada Iglesia del Verbo, e incluso embajador de su país en Madrid en 1974-1977. Y, hasta hace un año, diputado por su partido, lo que le otorgaba inmunidad ante la justicia. Inmunidad que ha finalizado ya, al perder hace un año su condición de parlamentario.

Pero, por encima de todo, Ríos Montt es el general que mandaba aquellas tropas que masacraron a las comunidades mayas y quemaron tantas veces a personas vivas, despedazaron cuerpos, amputaron miembros, cortaron lenguas y orejas, formaron largas filas para violar a mujeres mayas antes de matarlas, degollaron a bebés, arrancaron fetos a las mujeres gestantes, entre otra larga serie de delitos inconcebibles, pero absolutamente documentados. Ahí están los 12 incontestables tomos del informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico de la ONU, a la que tuvimos el honor de pertenecer (informe entregado al entonces secretario general, Kofi Annan, el 25 de febrero de 1999).

El ver hoy al jefe supremo de quienes cometieron tales actos bajo su mando, vestido ahora de civil, sentado ante los jueces y fiscales, y sobre todo, ante las familias de quienes fueron mutilados, violados, torturados hasta la muerte en las formas más crueles imaginables, y atropellados en todos los grados posibles de la criminalidad más inhumana, esa comparecencia del genocida ante la justicia, esa simple imagen actual, nos hace sentirnos partícipes de una humanidad algo más digna, menos canallesca, más solidaria y algo menos podrida de lo habitual.

A todas aquellas acciones repulsivas, a todo aquel conjunto de crímenes ignominiosos, a todas aquellas torturas y mutilaciones, a todo aquel horror, sus autores lo llamaban “salvar a Guatemala del comunismo”. Y aun hoy, ellos y sus defensores lo siguen llamando así en sus pancartas y proclamas. Concretamente, el golpista Ríos Montt gobernó a partir de marzo de 1982 hasta agosto de 1983, periodo en el que se concentraron las peores masacres, calificadas técnicamente como genocidio por el ya citado informe de la ONU en 1999. El general reconoce que hubo desmanes. Pero ¿a qué llama desmanes? La respuesta viene dada, en términos exhaustivos, por dos documentos de abrumadora dimensión y terrible contenido, sobre unos hechos tan atroces que resultarían imposibles de creer si no fuera por la masiva avalancha de testimonios registrados.

Empezando por el segundo (cronológicamente) de esos dos documentos, el ya citado informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) de la ONU sobre Guatemala (más conocida como Comisión de la Verdad), con sus miles de páginas de horrores, constituye una pavorosa recopilación de testimonios escalofriantes sobre lo que fue aquella represión militar.

Y el otro documento, primero en el tiempo, admirable por su carácter pionero y su valor testimonial, fue el desolador Informe Remhi (Recuperación de la Memoria Histórica) de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, con sus cuatro tomos y sus 1.500 páginas, presentado el 24 de abril de 1998, informe que costó la vida a quien lo dirigió, el obispo Juan Gerardi, asesinado dos días después. Ambos informes detallan las indescriptibles aberraciones cometidas contra las comunidades mayas, y superan todo lo conocido en las numerosas dictaduras militares latinoamericanas del siglo XX. He aquí la cínica explicación del general Ríos de Sangre: “Durante mi Gobierno el Ejército cumplió órdenes, pero cuando no se dieron órdenes se cometieron desmanes”, confiesa. Y, pretendiendo cubrirse, añade: “Yo nunca estuve enterado”. Intolerable postura en un jefe militar del último cuarto del siglo XX. Con esas pocas frases, el general aniquila de forma demoledora los preceptos básicos de la moral militar actual. Postura hoy insostenible bajo los criterios morales y jurídicos actualmente imperantes, y, más aún, bajo los modernos conceptos del mando vigentes en la actualidad. ¿Qué significa eso de “cuando no se dieron órdenes”? Intolerable argumento, pues él, como comandante en jefe, estaba inexcusablemente obligado a darlas y hacerlas cumplir.

La hoy llamada doctrina Yamashita (internacionalmente vigente desde la II Guerra Mundial y hoy asumida por los distintos tribunales internacionales, incluido el TPI de La Haya) obliga a rechazar esa grotesca alegación. El nombre citado procede del general japonés Tomuyuki Yamashita, que mandaba las tropas de ocupación de las islas Filipinas entre 1942 y 1945, tropas que cometieron numerosos crímenes contra los prisioneros de guerra y contra la población civil del archipiélago. Al producirse la derrota de Japón, el general Yamashita fue capturado y juzgado. Su alegación en 1946 fue exactamente la misma invocada por Ríos Montt seis décadas después (2006): que él no había ordenado las tropelías imputadas a sus tropas, y que si estas las cometieron lo hicieron por su cuenta, sin su conocimiento, y no bajo sus órdenes. Extravagante alegación que no le valió al general japonés, pues fue condenado a muerte y ejecutado como responsable de todos los crímenes que tuvo la obligación de impedir y no impidió. Desde entonces, el derecho internacional impone al jefe militar la obligación ineludible de impedir, denunciar o sancionar las acciones u omisiones de carácter criminal que sean imputables a sus subordinados, so pena de incurrir él mismo en responsabilidad criminal.

Este concepto se halla hoy sólidamente establecido por los preceptos siguientes: artículo 86 del Protocolo I de 1977, adicional a los cuatro convenios de Ginebra de 1949; artículo 7 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia; y artículo 28 del Estatuto de Roma para el Tribunal Penal Internacional de La Haya, de 1998. Estos preceptos significan —tal como subraya el profesor Hernando Valencia Villa— que “la doctrina Yamashita tiene ya la condición de precepto de iuscogens o derecho internacional general de carácter obligatorio”.

A la luz del derecho internacional bélico y de la moral militar actual, no existe escapatoria jurídica ni moral para el general Ríos Montt. O él mismo ordenó las atrocidades del genocidio contra la población maya, o bien las permitió sistemáticamente, en cuyo caso la responsabilidad le alcanza de lleno, por criminal omisión. Enviamos nuestro ánimo y apoyo a aquellas heroicas personas que defienden los derechos humanos y la justicia en un lugar tan difícil como aquel: a las admirables juezas Yasmín Barrios y Patricia Bustamante, junto con el juez Pablo Xitumul, como miembros del tribunal; a la fiscal general Claudia Paz y Paz; al juez de lo penal Miguel Ángel Gálvez; al fiscal del caso, Orlando López; a los abogados y testigos: a todos aquellos hombres y mujeres que bajo permanentes coacciones y amenazas, van a continuar actuando como lo que son: unos ejemplares defensores de los derechos humanos, de la justicia y de la ley. Y de la dignidad humana de los más débiles, allí donde esta se vio pisoteada de la forma más cruel”.

 

El problema continúa vigente: ¿Por qué la mayoría permite que los autócratas permanezcan en el poder?, ¿Por qué la mayoría apoya, coopera y colabora con la injusticia? Estamos en el año 2015 y estas situaciones todavía ocurren. Entonces, ¿Qué estamos haciendo?, ¿Por qué nos empeñamos en que el sentido de la vida consista en lo absurdo, destructivo e irracional?, ¿Cómo aún se puede aceptar y ver normal que se instituyan las fuerzas armadas para que ataquen a la población?, ¿Por qué se le tiene miedo a emprender el ejercicio de la libertad?, ¿Por qué tanto temor para decir NO al poder represivo?

 



[1]Maquiavelo, N., El Príncipe. Madrid, Alianza Editorial, 2a ed., 1982, p. 63. Maquiavelo no hace referencia al Estado, tampoco al Príncipe. Los grandes constituyen una clase de ciudadanos que son los poderosos. Esta aclaratoria me la hizo la Prof. Carolina Guerrero (Comunicación personal, 11-02-2015)
[2]Guerrero, C., “De la sociedad, del Estado: latitudes del poder en la insurgencia democrática”, en Documentos de trabajo N° 1. Caracas, Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, 2014, p. 5.
[3]Cf. Clastres, P., La sociedad contra el Estado. Caracas, Monte Ávila Editores, C.A., 1a ed., 1978.
[4]“…el poder político […] constituye una necesidad inherente a la vida social. Puede pensarse lo político sin la violencia, no puede pensarse lo social sin lo político […] no hay sociedad sin poder…”. Ibíd., p. 21.
[5]Ibíd., pp. 15 y 16.
[6]“…el poder es por esencia coerción; […] la actividad unificadora de la función política se ejercería, no a partir de la estructura de la sociedad y en conformidad con ella, sino a partir de un más allá incontrolable y en contra de ella; que el poder en su naturaleza no es más que la coartada furtiva de la naturaleza en su poder…”. Ibíd., pp. 41 y 42.
[7]“…Aunque haya siempre en todos los grupos cierta tendencia por parte del más fuerte a atacar al más débil, sirve de freno, no obstante, la conciencia de los males resultantes de una conducta agresiva…”. Spencer, H., El individuo contra…, op. cit., 1984, p. 136.
[8]“…El amor al poder, el amor propio, la injusticia, la deslealtad que frecuentemente […] engendran males mucho mayores y menos fáciles de remediar allí donde sus efectos se acumulan de generación en generación, porque la organización administrativa, vasta, complicada y provista de toda clase de recursos, una vez desenvuelta y consolidada, es irresistible necesariamente […] La resurrección del despotismo sería la consecuencia final”. Ibíd., p. 65.
[9]Ibíd., p. 55.
[10] Tolstoi, L., El reino de Dios está dentro de vosotros. Recuperado de: https://hesiquia.files.wordpress.com/2010/09/el_reino_de_dios_esta_en_vosot.pdf. 2009. Consultado: 03-01-2015, pp. 84 y 85.
[11]Spencer, H., El individuo contra…, op. cit., p.94.
[12]Ibíd., p. 148.
[13]Esquilo. “Las Suplicantes”, en Obras completas. Buenos Aires, Librería El Ateneo Editorial, 3a ed., 1957, pp. 157-193.
[14]Ibíd., pp. 185 y 186.
[15]Agradezco al Prof. Jesús Ojeda por facilitarme esta información. (Comunicación personal. noviembre 2014).
[16] “Juan Sin Tierra. Carta Magna. Primer texto constitucional de Inglaterra, que dotó de ciertos derechos a la nobleza”. Recuperado de:http://hum.unne.edu.ar/academica/departamentos/historia/catedras/hist_medi/documentos/occidente/carmagna.pdf.  Consultado 03-11-2014.
[17]Elías, J., “El ejército esperaba que nos fuéramos al campo para violar y matar a las mujeres”, Juicio por genocidio en Guatemala. El país.  Publicado: 21 de marzo de 2013. Recuperado de: http://internacional.elpais.com/internacional/2013/03/21/actualidad/1363892767_535883.html. Consultado: 10-01-2015.