La independencia como guerra civil o el fracaso fundacional de América Latina
David De los Reyes
Caudillos, opositores a Cipriano Castro, de la Revolución Libertadora (1901-1903): Manuel Antonio Matos sentado al centro, Lino Duarte (derecha), Santos Dominici (izquierda), Manuel Matos hijo (de pie), Epifanio Acosta (de pie).
La
narrativa heroica de la independencia latinoamericana—esa épica de libertadores
que rompieron las cadenas del colonialismo español—oculta una realidad mucho
más compleja y problemática: lo que se presenta como guerra de liberación
nacional fue, en su naturaleza más profunda, una guerra civil. No fue el
enfrentamiento entre una nación oprimida y un imperio extranjero, sino el
colapso violento de un orden político que desembocó en conflictos internos
entre distintas facciones de una misma sociedad colonial. Esta distinción no es
meramente semántica; es fundamental para entender por qué la independencia no
produjo Estados soberanos funcionales sino estructuras caudillistas que han
perpetuado la inestabilidad, el autoritarismo y la dependencia externa durante
doscientos año. Y hoy, cuando se habla de pérdida de soberanía, puede que en la continuidad de esa sombra fáustica del pasado, se haga más presente que en su pasado.
François-Xavier
Guerra (1992) argumenta en Modernidad e independencias que la crisis de la
monarquía española en 1808—con la invasión napoleónica y la abdicación de
Carlos IV—no generó movimientos nacionalistas en América, sino una crisis de
legitimidad dentro del mundo hispánico que desató conflictos entre distintas
facciones que competían por llenar el vacío de poder. La invasión francesa y el
cautiverio de Fernando VII no fueron percibidos inicialmente como oportunidad
para la independencia, sino como catástrofe que amenazaba todo el orden
político conocido. Las juntas que se formaron en América—desde Caracas hasta
Buenos Aires—no proclamaban independencia; proclamaban lealtad al rey cautivo y
rechazo a las autoridades peninsulares que habían capitulado ante Napoleón. Lo
que comenzó como crisis de autoridad dentro del imperio español se transformó
en guerra civil cuando quedó claro que no había consenso sobre quién tenía
derecho a gobernar en ausencia del monarca legítimo.
Guerra
sostiene que no existían "naciones" americanas previas a la
independencia; existían sociedades coloniales fragmentadas que se dividieron
violentamente cuando colapsó el orden monárquico que las articulaba. La
identidad política de los habitantes de la América española era compleja y
estratificada: eran súbditos del rey, miembros de ciudades o provincias
específicas, parte de corporaciones—la Iglesia, los gremios, las milicias—,
definidos por su casta o grupo étnico. Pero no eran "venezolanos",
"colombianos" o "mexicanos" en ningún sentido moderno. Esas
identidades nacionales fueron construcciones posteriores, intentos de crear
retrospectivamente una comunidad imaginada que justificara los nuevos Estados
que habían emergido del caos de las guerras civiles.
John
Lynch (1976) documenta en Las revoluciones hispanoamericanas 1808-1826 cómo las
guerras de independencia fueron fundamentalmente conflictos internos entre
criollos, peninsulares, pardos, indígenas y esclavos, cada grupo con intereses
divergentes y frecuentemente antagónicos. La división no era simplemente entre
"patriotas" y "realistas", sino entre múltiples facciones
regionales, étnicas y de clase que aprovecharon el colapso del orden colonial
para dirimir sus conflictos mediante la violencia. Había criollos que
permanecieron leales al rey hasta el final—particularmente en el Perú, donde
las élites limeñas vieron en la monarquía la mejor garantía contra el desorden
social—y había peninsulares que se sumaron a las fuerzas independentistas
cuando les convenía. Había pardos y esclavos que luchaban en ambos bandos según
qué facción les ofreciera mejores condiciones: libertad, tierras,
reconocimiento social.
Lynch
muestra que la guerra no fue entre naciones sino entre facciones dentro de una
misma sociedad colonial en descomposición. En Venezuela, la primera república
(1810-1812) colapsó no por la intervención de ejércitos españoles enviados
desde la península, sino por la rebelión de pardos y esclavos que veían en el
movimiento independentista criollo una amenaza a sus propios intereses. José
Tomás Boves, el caudillo realista que devastó Venezuela entre 1813 y 1814, no
era agente de un poder colonial extranjero; era un asturiano que había vivido
en Venezuela durante años y que movilizó a los llaneros—mestizos, pardos,
esclavos fugitivos—contra las élites criollas de Caracas. Su guerra no era por
restaurar el orden imperial; era una guerra social de los desposeídos contra
los propietarios, que casualmente se libraba bajo bandera realista porque esa
era la bandera que se oponía a los criollos independentistas.
Clément
Thibaud (2003) analiza en Repúblicas en armas cómo la guerra contra España se
superpuso con guerras regionales, conflictos entre ciudades, enfrentamientos
entre élites locales, y levantamientos de pardos y esclavos que aprovechaban el
caos para sus propias reivindicaciones. La "guerra de independencia"
fue en realidad múltiples guerras simultáneas sin un proyecto político
unificado. En la Nueva Granada, Cartagena y Bogotá se enfrentaron en guerra
civil mientras ambas proclamaban independencia de España. En Venezuela, las
provincias orientales desconfiaban de Caracas y desarrollaron sus propias
estructuras de poder. En el Río de la Plata, Buenos Aires intentó imponer su
hegemonía sobre las provincias del interior, generando resistencias que
desembocarían en décadas de guerras civiles.
Thibaud
documenta cómo los ejércitos "libertadores" eran en realidad
coaliciones inestables de grupos con intereses divergentes. Los oficiales
criollos buscaban poder político y reconocimiento social. Los soldados rasos—en
su mayoría pardos, indígenas, esclavos liberados—buscaban supervivencia
inmediata, botín de guerra, quizás alguna mejora en su condición social. Los
caudillos regionales buscaban autonomía para sus territorios. Los comerciantes
buscaban acceso a mercados internacionales sin las restricciones del monopolio
español. No había un proyecto nacional unificado porque no había nación previa;
había múltiples proyectos que temporalmente convergían en la lucha contra las
autoridades coloniales pero que inevitablemente entrarían en conflicto una vez
removido el enemigo común.
La
declaración de "guerra a muerte" por Bolívar en 1813 es reveladora de
esta naturaleza civil del conflicto. El decreto proclamaba que todo español o
canario sería ejecutado, mientras que los americanos que no apoyaran
activamente la causa patriota serían perdonados. Pero en la práctica, la
distinción era imposible de mantener porque las líneas no eran geográficas sino
políticas y sociales. ¿Qué hacer con los criollos realistas? ¿Qué hacer con los
pardos que luchaban por Boves? ¿Qué hacer con las ciudades enteras que
preferían el orden colonial al caos republicano? La "guerra a muerte"
no fue estrategia contra un enemigo externo sino reconocimiento explícito de
que se trataba de un conflicto de exterminio entre facciones de una misma
sociedad. Era guerra civil en su forma más brutal: vecinos matando vecinos,
familias divididas, ciudades destruidas por ejércitos compuestos de habitantes
del mismo territorio.
Jaime
E. Rodríguez O. (1996) sostiene en La independencia de la América española que
la independencia no fue resultado de un movimiento anticolonial consciente,
sino consecuencia no deseada de la crisis política española. Las élites
criollas inicialmente buscaban autonomía dentro del imperio, no separación. Las
Cortes de Cádiz (1810-1812) ofrecieron precisamente eso: una monarquía
constitucional donde América tendría representación, ciudadanía extendida a
muchos grupos previamente excluidos, autonomía local considerable. Muchos
criollos apoyaron este proyecto. El problema fue que Fernando VII, al regresar
al trono en 1814, rechazó la Constitución de Cádiz, restauró el absolutismo, y
envió ejércitos a reconquistar América por la fuerza. Fue esta represión—no un
nacionalismo anticolonial preexistente—lo que empujó a muchos criollos hacia la
independencia como única alternativa viable.
Rodríguez
O. argumenta que incluso entonces, la independencia no generó consenso
nacional. Lo que generó fue fragmentación. Cada región, cada ciudad, cada
caudillo local interpretaba la independencia según sus propios intereses. Para
algunos significaba libre comercio con Inglaterra. Para otros significaba
autonomía regional frente a capitales que pretendían imponer su hegemonía. Para
otros significaba oportunidad de ascenso social mediante la carrera militar.
Para los esclavos que lucharon en los ejércitos republicanos significaba—o
debía significar—libertad personal. Estos proyectos eran incompatibles entre
sí, y una vez removida la autoridad colonial que los había mantenido en
equilibrio precario, entraron en conflicto abierto.
Tulio
Halperín Donghi (1969) describe en Historia contemporánea de América Latina las
guerras de independencia como "revoluciones de independencia" que
fueron simultáneamente guerras civiles, guerras sociales y guerras étnicas. La
violencia no distinguía claramente entre bandos nacionales porque no existían
tales bandos; existían coaliciones inestables que se formaban y deshacían según
intereses locales y coyunturales. En México, el movimiento iniciado por Hidalgo
en 1810 fue tanto rebelión independentista como levantamiento social de
indígenas y castas contra las élites criollas. Las élites criollas mexicanas,
aterrorizadas por la violencia popular, se mantuvieron mayoritariamente leales
a España hasta que en 1820 la restauración de la Constitución de Cádiz amenazó
sus privilegios. Solo entonces—por razones conservadoras, no
revolucionarias—apoyaron la independencia bajo Iturbide.
Halperín
Donghi muestra que el patrón se repitió en toda América Latina: la
independencia no fue movimiento unificado con objetivos claros, sino serie de
conflictos superpuestos donde cada grupo intentaba aprovechar el caos para sus
propios fines. Las guerras no terminaron con la expulsión de los españoles;
continuaron como guerras civiles entre las facciones victoriosas. La Gran
Colombia—el proyecto político más ambicioso de Bolívar—se desintegró en guerras
civiles entre Venezuela, Nueva Granada y Ecuador. México vivió décadas de
conflictos entre federalistas y centralistas, liberales y conservadores, con
intervenciones extranjeras—estadounidense y francesa—que aprovechaban la
debilidad del Estado. Argentina enfrentó guerras entre Buenos Aires y las provincias
que no se resolverían hasta la segunda mitad del siglo XIX. Perú y Bolivia
lucharon entre sí, y ambos enfrentaron guerras civiles internas. Chile,
relativamente estable, fue la excepción que confirma la regla.
Este
patrón no es característico de guerras de liberación nacional exitosas—que
típicamente generan consenso post-independencia y permiten construcción
institucional—sino de guerras civiles que no resuelven las contradicciones
subyacentes. La guerra de independencia estadounidense, por contraste, generó
suficiente consenso entre las élites coloniales para permitir la construcción
de instituciones federales relativamente sólidas. Hubo conflictos, ciertamente,
pero existía acuerdo básico sobre la legitimidad del nuevo orden político. En
América Latina no existió tal consenso. Los nuevos Estados carecían de
legitimidad porque no representaban proyectos nacionales compartidos sino
victorias temporales de facciones en conflictos que continuaban.
La
interpretación de las guerras de independencia como guerras civiles explica por
qué no se construyeron instituciones sólidas. José Antonio Aguilar Rivera
(2000) argumenta en En pos de la quimera que el fracaso del constitucionalismo
liberal en América Latina se debe precisamente a que las constituciones se
escribieron sobre sociedades fragmentadas por guerras civiles, sin consenso
básico sobre quién pertenece a la comunidad política y bajo qué términos. Las
constituciones eran documentos aspiracionales que no reflejaban realidades
sociales ni generaban adhesión efectiva. Copiaban modelos—la Constitución
estadounidense, la Constitución de Cádiz, textos franceses—sin considerar si
las condiciones sociales existían para su implementación.
Aguilar
Rivera muestra que las constituciones latinoamericanas del siglo XIX eran, en
el mejor de los casos, programas para un futuro imaginado; en el peor, máscaras
que ocultaban el ejercicio brutal del poder personal. Proclamaban división de
poderes donde no había poderes independientes. Proclamaban derechos ciudadanos
donde no había ciudadanos en el sentido moderno. Proclamaban federalismo donde
no había capacidad estatal para implementarlo. La distancia entre el texto
constitucional y la realidad política era abismal, y esa distancia no era
accidental: reflejaba el hecho de que las constituciones se escribían para
sociedades que no existían, para naciones que eran ficciones jurídicas sin base
social.
Fernando
Escalante Gonzalbo (1992) sostiene en Ciudadanos imaginarios que en México—y
por extensión en América Latina—nunca existió el "ciudadano" que las
constituciones republicanas presuponían. Lo que existía eran súbditos
coloniales, miembros de corporaciones, individuos definidos por su casta y su
lugar en jerarquías tradicionales. La república liberal presuponía individuos
autónomos, iguales ante la ley, participando en la vida política mediante el
voto y la deliberación racional. Pero la sociedad real estaba compuesta de
comunidades indígenas con sus propias formas de organización, haciendas donde
los peones vivían en condiciones de servidumbre, corporaciones eclesiásticas
con fueros especiales, milicias regionales leales a caudillos locales. El "ciudadano"
era ficción jurídica sin referente social.
Escalante
Gonzalbo argumenta que las guerras de independencia destruyeron el orden
colonial pero no crearon las condiciones sociales para el orden republicano que
supuestamente debía reemplazarlo. El orden colonial, por opresivo que fuera,
tenía su propia lógica: jerarquías claras, corporaciones que mediaban entre
individuos y autoridad central, mecanismos—por imperfectos que fueran—para
resolver conflictos. Las guerras civiles de independencia destruyeron esas
estructuras sin construir otras en su lugar. El resultado fue un vacío
institucional que solo pudo llenarse mediante el poder personal de caudillos
militares que habían emergido de las guerras.
En
ausencia de instituciones legítimas y efectivas, el orden político se
estructuró alrededor de caudillos: líderes militares que controlaban redes de
lealtad personal y que distribuían recursos entre sus seguidores. John Lynch
(1992) documenta en Caudillos en Hispanoamérica 1800-1850 cómo en toda América
Latina el patrón fue idéntico: constituciones liberales en el papel, poder
personal de caudillos en la práctica. El caudillo no gobernaba mediante
instituciones sino mediante redes clientelares, mediante reparto de botín entre
seguidores, mediante violencia contra adversarios. Su legitimidad no derivaba
de procedimientos constitucionales sino de su capacidad de imponer orden
mediante la fuerza y de distribuir recursos entre su clientela.
Lynch
muestra que el caudillismo no fue desviación del proyecto republicano sino su
forma real de existencia. Los caudillos eran producto directo de las guerras
civiles de independencia. Habían adquirido poder mediante la violencia y
mantenían ese poder mediante la misma lógica. Rosas en Argentina, Santa Anna en
México, Páez en Venezuela, Flores en Ecuador: todos eran generales que habían
emergido de las guerras y que gobernaban mediante coaliciones personales que
debían renovarse constantemente mediante distribución de recursos y represión
de adversarios. Cuando un caudillo moría o era derrocado, el ciclo se repetía:
nueva guerra civil, nuevo caudillo, nueva distribución de recursos entre una
nueva clientela.
Este
patrón se reproduce porque las guerras de independencia—como guerras civiles—no
resolvieron las contradicciones sociales subyacentes; simplemente determinaron
qué facción controlaría temporalmente el aparato estatal. Y dado que esa
facción carecía de legitimidad institucional, su control dependía del poder
personal de su líder. David Bushnell y Neill Macaulay (1989) muestran en El
nacimiento de los países latinoamericanos cómo cada región, cada ciudad
importante, cada caudillo local intentó establecer su propio dominio. La Gran
Colombia se desintegró porque Caracas, Bogotá y Quito no tenían proyecto común;
tenían élites locales que competían por recursos y poder. Las Provincias Unidas
del Río de la Plata se fragmentaron en guerras entre Buenos Aires y las
provincias porque no existía identidad argentina previa; existían identidades
regionales antagónicas.
Guerra
(1992) argumenta que el vacío dejado por el colapso de la monarquía no pudo ser
llenado por "naciones" inexistentes, sino por poderes
locales—ciudades, regiones, caudillos—que reclamaban soberanía para sí. El
resultado fue fragmentación extrema: la América española, que había sido un
espacio político relativamente integrado bajo la monarquía, se desintegró en
múltiples Estados débiles que a su vez enfrentaban amenazas secesionistas
internas constantes. Centroamérica se fragmentó en cinco repúblicas. La Gran
Colombia en tres. Las Provincias Unidas del Río de la Plata perdieron Paraguay,
Uruguay y el Alto Perú (Bolivia). México perdió más de la mitad de su
territorio ante Estados Unidos. Esta fragmentación no fue accidental; fue
consecuencia de que las guerras de independencia habían sido guerras civiles
que profundizaron las divisiones regionales en lugar de crear identidades
nacionales unificadas.
El
personalismo fue consecuencia directa de esta fragmentación. Sin instituciones
legítimas que trascendieran lealtades personales y regionales, el orden
político dependía de individuos capaces de articular coaliciones mediante
carisma, violencia y distribución de recursos. Bolívar mismo es ejemplo
paradigmático de esta dinámica. Intentó construir instituciones—la Gran
Colombia, constituciones elaboradas, congresos deliberativos—pero terminó como
dictador porque era la única forma de mantener unido lo que las instituciones
no podían sostener. Su Constitución de Bolivia (1826) proponía un presidente
vitalicio con derecho a nombrar su sucesor: república en el nombre, monarquía
en la sustancia. No era hipocresía; era reconocimiento realista de que en
ausencia de instituciones legítimas, solo el poder personal podía mantener el
orden.
Su
famosa carta de 1830, poco antes de morir, resume la tragedia: "He arado
en el mar [...] La América es ingobernable para nosotros [...] Los que han
servido a la revolución han arado en el mar" (Lynch, 1976, p. 342). No era
pesimismo infundado; era reconocimiento de que las guerras de independencia
habían destruido un orden sin crear otro viable. Y cuando Bolívar murió, su
proyecto se desintegró inmediatamente, confirmando que dependía enteramente de
su persona y no de instituciones que pudieran trascenderlo. La Gran Colombia se
fragmentó en tres Estados que inmediatamente entraron en conflictos internos.
Venezuela vivió décadas de guerras civiles—la Guerra Federal (1859-1863) siendo
la más devastadora—que impedían cualquier consolidación institucional.
Fernando
López-Alves (2000) argumenta en State Formation and Democracy in Latin America
que la forma en que se resolvieron—o no se resolvieron—las guerras civiles de
independencia determinó la trayectoria institucional posterior. Donde las
guerras civiles fueron largas y destructivas, como en Venezuela o México, el
Estado emergió extremadamente débil y dependiente de liderazgos personales.
Donde hubo relativa estabilidad temprana, como en Chile, se pudieron construir
instituciones algo más sólidas, aunque siempre dentro de los límites del patrón
latinoamericano general. Pero incluso en los casos relativamente exitosos, el
Estado latinoamericano del siglo XIX era débil comparado con los Estados
europeos contemporáneos: sin capacidad de extraer impuestos efectivamente, sin
monopolio real de la violencia, sin legitimidad consolidada, sin burocracias
profesionales.
López-Alves
muestra que esta debilidad estatal tuvo consecuencias de largo plazo. Los
Estados latinoamericanos, incapaces de financiarse mediante impuestos internos,
dependieron de recursos fácilmente apropiables: rentas de comercio exterior,
préstamos extranjeros, eventualmente recursos naturales. Esta dependencia de
rentas externas perpetuó la debilidad institucional porque un Estado que no
necesita negociar con su sociedad para extraer recursos no necesita construir
instituciones complejas ni establecer pactos sociales amplios. Solo necesita
controlar el punto de extracción—el puerto, la aduana, la mina—y distribuir
suficiente entre su clientela para mantener la paz social. Lo que todavía, en la actualidad, sigue sucediendo en países como Venezuela.
El
fracaso institucional derivado de las guerras civiles de independencia explica
también la vulnerabilidad de América Latina ante intervenciones extranjeras y la hipócrita soberanía.
Estados débiles, sin legitimidad consolidada, sin capacidad de movilizar
recursos, eran presa fácil para potencias europeas y estadounidense que
buscaban mercados, recursos naturales, o simplemente expandir su influencia.
Las intervenciones francesas en México, la guerra del Pacífico donde Chile
despojó a Perú y Bolivia de territorios, la pérdida de más de la mitad del
territorio mexicano ante Estados Unidos, las múltiples intervenciones
estadounidenses en Centroamérica y el Caribe: todo ello fue posible porque los
Estados latinoamericanos carecían de capacidad real de defenderse, no por
debilidad militar únicamente sino por ausencia de cohesión nacional y
legitimidad institucional.
Reinterpretar
las guerras de independencia como guerras civiles no es ejercicio de
revisionismo histórico gratuito; es necesidad analítica para entender el
presente latinoamericano. Mientras sigamos narrando la independencia como gesta
heroica de liberación nacional, seguiremos sin entender por qué esa
"liberación" produjo Estados fallidos, caudillismo, dependencia
externa y violencia endémica. La independencia no fracasó porque traicionáramos
los ideales de Bolívar o porque no estuviéramos "preparados para la
libertad"—ese argumento racista que tanto se ha usado. Fracasó porque fue
guerra civil que destruyó el orden colonial sin construir nada viable en su
lugar, que fragmentó sociedades ya fragmentadas, que generó violencia sin
resolver contradicciones subyacentes, que produjo Estados sin legitimidad ni
capacidad institucional y, como consecuencia, sin una soberanía defendible. Repúblicas de papel, sin instituciones ni ciudadanos.
El
caudillismo latinoamericano no es desviación cultural ni defecto moral; es
consecuencia lógica de ese fracaso fundacional. Cuando no existen instituciones
legítimas que trasciendan lealtades personales, el orden político se estructura
alrededor de individuos. Cuando el Estado es débil y carece de recursos
propios, depende de potencias extranjeras o de rentas extractivas. Cuando la
violencia fundacional no se resuelve mediante construcción institucional, se
perpetúa en guerras civiles recurrentes. Venezuela—con su invocación constante
de Bolívar, su ciclo interminable de caudillos que prometen refundar la
república, su incapacidad de construir instituciones que trasciendan
personalismos—es caso paradigmático de este patrón. Pero no es excepción; es
norma latinoamericana llevada a su expresión más extrema.
Romper
ese patrón requiere primero reconocerlo. Requiere abandonar la narrativa
heroica de la independencia y aceptar que fue guerra civil destructiva cuyas
consecuencias seguimos padeciendo. No hubo héroes, sólo caudillos. Por ello, requiere entender que el problema no es
encontrar el prohombre correcto o la constitución perfecta, sino desmantelar las
estructuras—el personalismo, la dependencia de rentas extractivas, la ausencia
de instituciones legítimas—que heredamos de ese fracaso fundacional. Pero eso
implica cuestionar los mitos fundacionales, los héroes nacionales, las
narrativas que dan sentido a las identidades colectivas. Y esa es una diálogo que América Latina todavía no está dispuesta a tener.
Referencias
Aguilar
Rivera, J. A. (2000). En pos de la quimera: reflexiones sobre el experimento
constitucional atlántico. Fondo de Cultura Económica.
Bushnell,
D., & Macaulay, N. (1989). El nacimiento de los países latinoamericanos.
Nerea.
Escalante
Gonzalbo, F. (1992). Ciudadanos imaginarios. El Colegio de México.
Guerra,
F.-X. (1992). Modernidad e independencias: ensayos sobre las revoluciones
hispánicas. Mapfre.
Halperín
Donghi, T. (1969). Historia contemporánea de América Latina. Alianza Editorial.
López-Alves,
F. (2000). State formation and democracy in Latin America, 1810-1900. Duke
University Press.
Lynch,
J. (1976). Las revoluciones hispanoamericanas 1808-1826. Ariel.
Lynch,
J. (1992). Caudillos en Hispanoamérica 1800-1850. Mapfre.
Rodríguez
O., J. E. (1996). La independencia de la América española. Fondo de Cultura
Económica.
Thibaud,
C. (2003). Repúblicas en armas: los ejércitos bolivarianos en la guerra de
Independencia en Colombia y Venezuela. Instituto Francés de Estudios Andinos.


